Sí, puedes acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad teniendo trabajo siempre que te encuentres en una situación de insolvencia y cumplas con los requisitos establecidos. 

Un ejemplo de insolvencia sería el de una persona que tuviera que devolver cada mes 500 € de un préstamo, pero solo ganase 400 €. Aunque quisiera, no puede pagar todo. Eso es estar insolvente: querer pagar, pero no poder hacerlo.

Para evaluar la insolvencia no basta con mirar solo las deudas y los ingresos, sino también los gastos normales y habituales de la vida diaria. Lógicamente, antes de pagar las deudas, una persona necesita cubrir sus gastos básicos de cada día, como comer, pagar la luz, el agua, el alquiler, el transporte, etc.

Por eso, para saber si alguien es insolvente, no se puede hacer un cálculo “frío” solo con ingresos y deudas. Hay que restar primero los gastos normales de la vida diaria. Lo que quede después es lo que realmente puede destinar al pago de deudas.

Si esa cantidad no alcanza para cubrir lo que debe pagar cada mes, entonces sí se puede decir que la persona está en situación de insolvencia.

Requisitos para la Exoneración

Además de la insolvencia, uno de los principales requisitos es que el deudor no debe haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico o por delitos fiscales. Además, el deudor debe actuar de buena fe (sin ocultar nada). También es necesario verificar si es endeudamiento fue responsable o irresponsable.

Endeudamiento responsable: ocurre cuando alguien se compromete a pagar una deuda que encaja con sus ingresos y sus gastos normales. Endeudarse de forma responsable significa pedir solo lo que se puede devolver sin dejar de vivir con normalidad. Distinto es que una persona se endeudase cuando podía pagarlo, pero, por circunstancias de salud o laborales, después ya no pudiera mantener al día los pagos. Lo que se evalúa es si cuando adquirió esa deuda podía pagarla. No lo que sucedió después.

Endeudamiento irresponsable: sucede cuando una persona pide un préstamo que, desde el principio, no podría pagar. Desde el principio ya se ve que la deuda es demasiado grande. No es solo un problema de mala suerte después, sino que ya desde el inicio se sabía que no era posible cumplir. Por tanto, podría ser considerado un intento de engaño al acreedor.

¿Y puedo acogerme a la Segunda Oportunidad si mi salario es alto?

Mucha gente piensa que solo es insolvente quien gana muy poco, pero eso no es cierto.  Una persona puede cobrar 3.000 € netos al mes y aun así ser insolvente si sus deudas y gastos superan lo que realmente puede pagar.

Aunque gane 3.000 €, si después de pagar lo esencial le queda menos de lo que necesita para cubrir todas las cuotas, es insolvente.

Toda persona necesita una parte de su sueldo para vivir con dignidad. Por eso, el salario hasta el importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está protegido y no se puede embargar (es decir, no se puede quitar para pagar deudas).

El SMI es la cantidad que la ley dice que necesita cualquier persona para vivir con lo más básico: pagar un techo, comer, cubrir la luz, el agua, el transporte y lo necesario del día a día. Ese dinero está protegido, lo que significa que no se puede tocar para pagar deudas. La razón es simple: nadie puede quedarse sin lo esencial para sobrevivir.

Ahora bien, si una persona gana más que el SMI, la situación cambia. La ley entiende que, si le sobra dinero una vez cubiertas esas necesidades mínimas, tiene que usar parte de ese “extra” para pagar lo que debe.

Si el salario supera cierto importe, la ley contempla que el deudor deberá aportar parte de sus ingresos para el pago de las deudas, independientemente de que tenga bienes a su nombre o no los tenga. Es una forma de asegurar que el deudor aporta lo que puede, pero sin dejarlo sin recursos para vivir.

En el caso de que el deudor insolvente ingrese, por ejemplo, más de 3.000€, se propone un plan de pagos en función de su capacidad económica. Este plan de pagos permite al deudor asumir la parte del pago que buenamente puede sin que tenga que renunciar a lo que necesita para vivir. Es importante subrayar que no se embarga todo lo que supera el SMI, sino solo una parte de ese exceso, aplicando unos porcentajes que establece la normativa. Así se evita que el deudor se quede sin nada, pero también se evita que las deudas queden impagadas cuando existe capacidad de aportar.